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La difusión científica en el país
JORGE ZAVALETA ALEGRE
Si el objetivo de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) es promover la ciudadanía regional, la Ley Universitaria que debe aprobar el Congreso peruano, es un aporte a este propósito de integración.
Lima, la segunda semana de marzo de 2014, se convierte en sede de la reunión de altos delegados y equipos técnicos del Consejo Suramericano de Educación de Unasur, integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Durante esta cita se concretarán acciones que forman parte del Plan Operativo Quinquenal de dicho Consejo para los próximos cinco años y se revisarán los avances de los proyectos financiados por el Fondo de Iniciativas Comunes.
La Educación Superior no será un tema específico de este Consejo, del cual el Perú ejerce la presidencia pro témpore 2013-2014, pero bien vale comentar la trascendencia del proyecto de ley que cambiará el rumbo de las universidades nacionales y su correlación con el lucrativo negocio de la educación.
La cantidad no es sinónimo de calidad. Una evaluación de las primeras 100 universidades de América Latina indica que las de mayor prestigio se encuentran en Brasil, México y Buenos Aires. Del Perú no figura ninguna, no obstante que ya cuenta con 140 universidades, el 70% privadas.
Algunos mensajes ratifican el carácter crítico de la Universidad Peruana: Más de 4,000 científicos, egresados de universidades prestigiosas de Europa y Estados Unidos, no pueden retornar a su país, el Perú, debido a las dificultades administrativas.
El congresista Daniel Mora, del partido gobernante Gana Perú y presidente de la Comisión de Educación del Congreso, cuya vida ha dedicado a la docencia y capacitación, confía en que el proyecto sea convertido en ley, al mismo tiempo que invoca la abstención de su voto en el pleno de aquellos legisladores vinculados a la creación de universidades.
Las críticas se centran en la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria que está adscrita al Ministerio de Educación y la acreditación de la calidad universitaria que pasará a ser obligatoria.
El 9 de diciembre de 2013, la Comisión de Educación del Congreso aprobó el dictamen de la nueva norma. De ser ratificada por el pleno, las universidades tendrán siete años para acreditar sus respectivas carreras y se preparará un plan piloto en nueve universidades nacionales. Se buscará acreditar a todas las universidades de forma obligatoria, de tal modo que las que no consigan esta certificación no podrán entregar títulos en nombre de la Nación.
Publicado: 12/03/2014
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