Hoy (viernes 31 de mayo) la editorial de la versión web de El comercio, titulada "¿Quién acredita al acreditador? resulta, ciertamente, sorprendente.
Esta editorial surge (suponemos, porque no lo especifican) por el proyecto de ley 02304/2012-CR, a iniciativa de Jorge Rimarachin. Proyecto sobre el cual ya hemos expresado desacuerdo.
Pero este post está enfocado en la editorial de El Comercio y, si bien también se muestra en contra del proyecto de ley, lo hace con argumentos erróneso. Para empezar, el argumento 'fuerte' del artículo se basa en la -generalizada- incapacidad del Estado para gestionar la calidad educativa.
"El Estado, como todos sabemos, no es precisamente conocido por brindar una educación de alta calidad a través de sus centros educativos: ni en educación inicial, ni secundaria, ni superior (salvo algunas notables excepciones)"
Ante este 'sombrío panorama' en el artículo se cuestiona el cómo se determinará el nivel de calidad de las universidades, lo que implica preocupación por los probables errores que se cometan en ese proceso.
"¿Con qué criterio, entonces, hará las veces de juez que determine cuál educación es de calidad y cuál no?"
Pero en la siguiente pregunta del artículo se revela una preocupación particular: lo resaltante del asunto sería el 'atrevimiento' del Estado para juzgar la calidad de las universidades privadas (que suponen son mejores que las públicas) o sea, 'primero soluciona tu problemón con la calidad de tus universidades y, cuando lo hayas logrado, ven y exígele calidad a las universidades privadas'
"De hecho, ¿cómo podría establecer qué deben hacer las universidades privadas para brindar satisfactoriamente sus servicios si no hay prueba de que sepa qué hacer con las propias?"
"Si el Estado ya cuenta con la fórmula para asegurar una educación de calidad, ¿entonces por qué no ha empezado por casa?"
Y finaliza con una analogía 'curiosa', por decirlo diplomáticamente.
"Lo que la bancada de Gana Perú pretende es similar a pedirle a un alumno que ocupa uno de los últimos puestos del salón que evalúe al resto de la clase."
Que el Estado ejecute políticas para el aseguramiento de la calidad (como ya lo viene haciendo con el SINEACE, a través del CONEAU para el caso de las universidades) no implica que sean las universidades estatales las que se encarguen de operativizarlas.
"Por eso, si se petrifica y homogeneiza su modelo educativo mediante detallados estándares legales, se estaría restringiendo la posibilidad de que las instituciones evolucionen en el tiempo y compitan desarrollando nuevos modelos de transmisión y desarrollo de conocimiento."
Hubiera sido ideal que el autor de la editorial leyera el modelo de calidad propuesto por CONEAU para evaluar la calidad de las universidades, los "detallados estándares legales" son herramientas necesarias en la conducción de la formación profesional, ¿o acaso solicitarle a la institución que se gestione mediante un plan estratégico y sus respectivos planes operativos es una "detallado estándar legal" que restringirá la posibilidad de que ésta evolucione?
Un razonamiento sorprendente queda evidenciado en el siguiente párrafo:
"Finalmente, no podemos pasar por alto que muchos peruanos no podrían pagar una universidad que tiene que asumir los costos necesarios para cumplir con los estándares del ministerio. En consecuencia, la propuesta de los nacionalistas los dejaría en una situación peor que la que hoy enfrentan. En vez de obtener una educación regular se quedarían sin educación, a secas."
¿Qué quisieron decir? ¿que como lograr altos niveles de calidad es muy caro, mejor nos aspiremos a una cuestión "regular" no más, para asegurar mayor cobertura? o sea que, más vale muchas universidades mediocres (pero no malas) que poquísimas universidades muy buenas.
En la editorial se sugiere que en vez de un organismo público que se encargue de las acreditaciones, se establezcan organismos privados.
Si bien la experiencia de otros países que optaron por organismos públicos para hacer ello no ha sido absolutamente eficiente, las experiencias con organismos privados termina siendo muy parecida, incluso más riesgosa, cuando estos organismos poseen fines de lucro (donde otorgar la acreditación garantiza ingresos, y negarla, no los garantiza)
