Hoy, la editorial del diario El Comercio titula: "Educación para pocos" y cuestiona, una vez más, la ley universitaria (30220) y el rol de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU)
"Y decimos que es muy probable su anulación pues, desde que se presentó el proyecto de ley, claramente se evidenció su carácter inconstitucional por la flagrante vulneración al principio de autonomía universitaria."
Entonces, para El Comercio, la ley universitaria trasgrede, quebranta, daña, perjudica y viola la autonomía.
"El tema de fondo de esta discusión es que la Sunedu, organismo adscrito al Ministerio de Educación, tendría amplios poderes y discrecionalidad para establecer quién puede dedicarse a la actividad universitaria, a qué reglas se sujetará la enseñanza, qué materias obligatorias deberán enseñarse, qué características debe tener la plana docente, cómo debe ser la infraestructura de cada institución educativa, qué programas y carreras pueden crearse, entre otras atribuciones que le dan al gobierno el poder de intervenir e incluso condicionar la existencia de las universidades."
Este párrafo tiene que ver con el proceso de licenciamiento de universidades (función principal de la SUNEDU) ¿qué es el licenciamiento? la ley universitaria nos dice que es "el procedimiento que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento"
El Comercio asume que los miembros de la SUNEDU determinarán estas condiciones básicas en función de los intereses del gobierno, con el fin de trasgredir, quebrantar, dañar, perjudicar y violar la autonomía de las universidades (obviamente, de aquellas universidades que considere políticamente problemáticas)
Si esto fuera cierto, las condiciones básicas para el funcionamiento de universidades cambiarán con cada nuevo gobierno, pues tendrían que acomodarse a sus intereses y servir como herramienta para silenciar a las universidades políticamente problemáticas. Asunto que sería vergonzosamente evidente y generaría movilizaciones en protesta y no solo de las partes perjudicadas.
Pero otro hecho que que se le escapa a El Comercio es que, hace mucho tiempo ya, las universidades no inciden en los asuntos políticos del país. Las universidades privadas se concentran en su propio crecimiento (la ley 30220 es casi inocua con éstas) y las universidades públicas están demasiado ocupadas en sus asuntos internos (pugnas por quiénes asumen los órganos de gobierno, pugnas por permanecer en ellos, y pugnas por eliminarse entre sí) ¿o acaso es usual ver o escuchar a los rectores en los medios, pronunciándose por las políticas de estado?, solamente los vimos y escuchamos durante el proceso de aprobación de la ley 30220 (la cual, entre otras cosas, pretende eliminar las pugnas internas en las universidades públicas)
En fin, muy aparte de ello, el asunto importante es que estas condiciones básicas son un asunto meramente técnico, sin injerencia política. Si la preocupación de El Comercio es legítima, debería pugnar poque se respeten las instancias técnicas en la definición de los criterios para el licenciamiento.
"Ahora, imaginemos por un momento que los gobiernos venideros estarán copados de funcionarios probos que no harán uso de la Sunedu como herramienta política. Aun de ser el caso, la Ley Universitaria no solo no servirá para elevar la calidad educativa, sino que, por el contrario, atentará en su contra. Veamos por qué."
Aquí hay un atisbo de objetividad, brindándole al estado el beneficio de la duda, pero se le brinda ésta porque inmediatamente incluyen su argumento ganador y aquí reside la gran contradicción.
"En primer lugar, los irrazonables requisitos que impone la ley a las universidades para funcionar ahuyentarán cualquier tipo de inversión privada. Por su lado, los defensores de la norma argumentan que es justamente ese uno de los propósitos para los que fue pensada la ley: acabar con las llamadas universidades negocio. Sin embargo, y para decepción de muchos, debemos reconocer que quienes no puedan ver algún tipo de ganancia en sus inversiones se abstendrán de hacerlo, y lo cierto es que sin inversión sencillamente no hay educación. ¿O acaso esperamos que los inversionistas se transformen repentinamente en filántropos con la aprobación de una ley?"
Bien, los inversionistas "meten plata" donde están casi seguros que obtendrán ganancias, es cierto, pero en el caso de la educación superior, ello no puede separarse del fin del servicio en el que están participando. Por eso es loable la labor de algunas universidades privadas que invierten en la calidad de lo que ofrecen y, sobre todo, en la mejora continua de lo que logran (UTEC, por ejemplo) pero es condenable la labor de aquellas universidades que ofrecen el servicio muy por debajo de lo esperado y que, a pesar de sus paupérrimos resultados, no tienen intención de modificar su situación.
¿Mejorar la calidad de la educación superior supone invertir más? sí, no hay otra forma para ello, ¿eso significa que como inversionista reduciré mi margen de ganancia? no necesariamente. Aquí el error de enfoque de El Comercio al concebir a la universidad como un colegio, donde la única fuente de ingresos es la pensión que pagan
"A fin de cuentas, lo único que crea esta valla es un elitismo educativo: no solo el número de universidades se reducirá y, por tanto, la cobertura en educación disminuirá, sino que se reservará el privilegio de la educación superior privada a una ínfima minoría de peruanos que pueda pagar universidades de calidad e infraestructura muy sofisticadas, pues, por supuesto, no podemos esperar que los estándares exigidos no eleven las pensiones en los centros educativos."
Nuevamente el error de enfoque, la educación superior no es un bien de consumo, tiene otra finalidad, contribuye al desarrollo de las personas, es decir, a su crecimiento. Por ello los estados regulan las condiciones en las que se ofrece la educación, para procurar el bienestar de los involucrados (evitando que se atente contra éste) y, además, brindan educación gratuita a quienes no pueden
Por otro lado, retomando el enfoque de la universidad-colegio, recordemos algo: la universidad tiene por fin crear conocimiento (y luego transmitirlo, a través de la formación y el vínculo con la comunidad) por lo que la principal fuente de ingresos proviene de la investigación (sobre todo, del sector privado) y no de las pensiones que pagan los
"No hay duda de que el problema de la educación superior en nuestro país es complejo, pero en lo absoluto se debe al número de universidades en el mercado. Por el contrario, es gracias a las universidades privadas que son cada vez más los jóvenes que pueden acceder a una educación superior. El Estado, en lugar de buscar mejorar la educación mediante medidas intervencionistas y deficientes, debería facilitar a los usuarios la información acerca de la empleabilidad de los egresados de cada universidad, así como permitir la acreditación de las universidades por parte de auditorías privadas e independientes. Así, la decisión acerca de la calidad de la enseñanza quedará en las manos de quienes son los verdaderos indicados para juzgarla: los estudiantes."
De acuerdo con la primera idea de este párrafo, el problema del sistema universitario no se debe al número de universidades, pues mientras mayor sea la oferta, mejor. El problema es la calidad de esas universidades y, al parecer, a los inversionistas les duele el bolsillo tan solo al pensar en las mejoras a implementar en el servicio educativo.
El licenciamiento que implementará SUNEDU es una vaya que toda universidad debe superar, pues son requisitos básicos, es decir, mínimos. Si los tienes, puedes funcionar como universidad, si no los tienes, no hay forma de que puedas funcionar como tal.
Es un primer nivel de aseguramiento de calidad, que se complementa con los procesos de acreditación, que se trabajan tanto a nivel nacional como internacional, con organismos estatales como privados, este es el segundo nivel.
La última idea de la editorial es de antología: son precisamente las universidades que ofrecen sus servicios en función de los requerimientos de los estudiantes, las más cuestionadas por su calidad.
